
El Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos de Tucumán (ERSEPT) inició formalmente el procedimiento para el llamado a licitación pública nacional e internacional con el fin de vender el total de las acciones Clase “A” de la Empresa de Distribución Eléctrica de Tucumán Sociedad Anónima (EDET SA), en un contexto marcado por intensas críticas a la calidad del servicio prestado y un debate en curso sobre el nuevo régimen tarifario. Esta medida, dispuesta mediante la Resolución N° 06/26-ERSEPT del 9 de enero de 2026, responde a la finalización del primer período de gestión de la concesión, y contempla la posibilidad de que el Poder Ejecutivo provincial otorgue una preferencia razonable a los actuales titulares del paquete accionario si se comprueba una prestación satisfactoria.
Sin embargo, esta cualidad ha sido fuertemente cuestionada por la Defensoría del Pueblo y asociaciones de consumidores durante la audiencia pública realizada la semana pasada, donde se expusieron reclamos por interrupciones frecuentes, baja tensión y un servicio deficiente en el interior, por lo que emergen las objeciones si los actuales dueños de EDET merecen tal beneficio en medio de un proceso de revisión tarifaria que podría implicar aumentos significativos.
La resolución, firmada por el interventor del ERSEPT, Ricardo Ascárate, invoca una serie de normativas provinciales para justificar el avance del proceso licitatorio. En sus considerandos, se detalla: “Que la Empresa de Distribución Eléctrica de Tucumán Sociedad Anónima –EDET SA- es titular de la Concesión del Servicio Publico de Distribución de Electricidad de la provincia de Tucumán, por un plazo de 90 años contados a partir de la entrada en vigencia.- Que la Ley N° 6.608 en su artículo 11° prevé que el plazo de concesión será subdividido en periodos de gestión de veinte años el primero, y siete sucesivos de diez años cada uno, a cuya finalización y de acuerdo con las pautas que se fijen en el pliego de bases y condiciones, el ERSEPT procederá a revalidar la actuación de la Sociedad Inversora, a través de la oferta publica del paquete accionario mayoritario, para lo cual el titular del paquete mayoritario debe otorgar un mandato irrevocable, debiendo el ERSEPT establecer el nuevo régimen tarifario que se aplicará durante el siguiente periodo de gestión.”

Además, se remite al Contrato de Concesión de EDET SA, destacando: “Que el artículo 6° del Contrato de Concesión prevé que, al vencimiento del Periodo de Gestión en curso, el ERSEPT llamará a Licitación Pública Nacional e Internacional para la venta del total de las Acciones Clase “A” de EDET SA, cuya titularidad asegura los votos necesarios para formular la voluntad social a cuyo efecto, deberá aprobar un pliego de bases y condiciones de características similares a las del pliego utilizado al momento de la privatización de los servicios debiendo asegurar la máxima transparencia y publicidad y estimular la concurrencia de la mayor cantidad posible de interesados, quienes deberán acreditar experiencia técnica y de operación y satisfacer requisitos económicos referidos a activos totales y a patrimonio neto que sean, como mínimo, iguales a los exigidos en el Pliego.- Que el artículo 7° del Contrato de Concesión establece que el Poder Ejecutivo podrá establecer alguna preferencia razonable a favor del titular de dicho paquete hasta ese momento, siempre que el servicio hubiese sido prestado en forma satisfactoria durante el Periodo de Gestión que finaliza”.
La resolución también incorpora referencias a acuerdos previos y leyes posteriores, como las Leyes N° 8814 y 8941, que facultaron al Poder Ejecutivo a celebrar un Acta Acuerdo con EDET SA en 2017, fijando inicialmente una fecha de llamado a licitación para febrero de ese año. Sin embargo, se destaca la modificación introducida por la Ley N° 9.913 del 19 de septiembre de 2025, que aprueba un nuevo Acta Acuerdo y establece “como fecha límite del llamado a licitación pública para la venta del paquete accionario mayoritario de EDET SA, el día 13 de enero del 2026, en un todo de acuerdo a las disposiciones del Artículo 11° de la Ley N° 6.608". El instrumento legal deja constancia demás que "el titular del paquete mayoritario de acciones de EDET SA tendrá derecho a ofertar en el concurso, en las condiciones que establezca el pliego respectivo"
En este marco, la resolución resuelve en su Artículo 1°: “Disponer el inicio del procedimiento del llamado a licitación pública nacional e internacional para la venta del total de las acciones Clase “A” de la Empresa de Distribución Eléctrica de Tucumán Sociedad Anónima –EDET SA- y cuya titularidad asegura los votos necesarios para formular la voluntad social de la misma, quien tiene a cargo la prestación de los servicios de distribución, comercialización, generación aislada de energía eléctrica y la prestación del servicio público de abastecimiento eléctrico a los usuarios individuales y establecimientos educativos del mercado rural disperso en la provincia de Tucumán, conforme a lo considerado.” Asimismo solicita al Poder Ejecutivo y la Legislatura los instrumentos legales para confeccionar los pliegos, previo dictamen de la Fiscalía de Estado, con posible incorporación de la cláusula de preferencia.

Este llamado a licitación se produce en un contexto de tensión por la calidad del servicio de EDET, evidenciada en la audiencia pública convocada por el ERSEPT el lunes pasado, presidida por Ascárate, para debatir el esquema eléctrico de Tucumán para 2025-2030. El encuentro reveló una profunda división: por un lado, EDET y sus consultores defendieron la necesidad de ajustes tarifarios para sostener inversiones ante un crecimiento de la demanda del 30%, impulsado mayoritariamente por usuarios residenciales; por el otro, críticos como el Defensor del Pueblo Eduardo Cobos y organizaciones como FODECUS denunciaron deficiencias crónicas, como postes caídos, baja tensión en el interior (con mediciones de apenas 172 voltios en algunas zonas) y un diseño tarifario que penaliza el ahorro.
Ernesto San Miguel, gerente general de EDET, expuso que la empresa invirtió $147.435 millones en el quinquenio 2020-2025, incluyendo 203 km de líneas de media tensión y 592 subestaciones, y propone $220.000 millones más para 2025-2030. La consultora BA Energy Solutions, contratada por EDET, calculó un requerimiento anual de ingresos de $330.224 millones, basado en un Valor Nuevo de Reposición de activos de $1.118.000 millones y una "empresa modelo" con 467 empleados propios y pérdidas eficientes del 11,1%. El ERSEPT, representado por Alejandro Danóm, enfatizó el régimen de "precios máximos" y anunció el aumento de equipos de medición de calidad de 422 a 2.400.
Sin embargo, las críticas fueron contundentes. Cobos calificó el servicio en el interior como "pésimo" y presentó más de 10.000 reclamos, cuestionando multas por $1.000 millones aplicadas por el ERSEPT como insuficientes, proponiendo topes superiores basados en la Ley de Defensa del Consumidor que podrían elevarlas a $2.500 millones. Miguel Paz (Unión de Usuarios y Consumidores) criticó el Cargo por Uso de Red como "inelástico" y sugirió más estratos tarifarios. José García, de FODECUS, exigió eliminar tasas municipales de la boleta y denunció medidores "telecomandados" que impiden el control del consumo, alertando sobre jubilados que sacrifican comidas para pagar las facturas. Legisladores como José Seleme cuestionaron "empresas satélites" que elevan costos y exigieron rendición de cuentas antes de aumentos, mientras que Héctor Galván del Sindicato de Luz y Fuerza defendió la dotación laboral adecuada.
El debate también tocó la Tarifa Social y la quita de subsidios nacionales, con reclamos por mayor inclusión y transparencia en el padrón de beneficiarios. Ascárate aseguró que todas las opiniones serán analizadas para un cuadro tarifario "justo y razonable", con posible emisión en dos meses. Este panorama complica la evaluación de una "prestación satisfactoria" para otorgar preferencia a los actuales dueños de EDET en la licitación, un punto central de las impugnaciones en la audiencia.